Reducir el déficit es respetar al ciudadano

Se cree que los gobiernos pueden gastar más de lo que recaudan. Este es un grave error. Hacerlo solo trae problemas no sólo de orden financiero y económico, sino también problemas sociales que afectan especialmente a las personas cuyos ingresos están supeditados al jornal.

Tal vez un poco de economía familiar pueda hacerlos comprender. Si una familia tiene un ingreso de 10 y empieza a gastar 15 es porque ese 5 de adicional está financiándose por medio de alguna deuda que, de no aumentar los ingresos mencionados, esa deuda no podrá pagarse en tiempo y forma dado que se agregan los correspondientes intereses.

A esta familia le podría ir bien con el préstamo contraído, siempre y cuando inicie una reducción de sus gastos. Pero, y a diferencia con el sector estatal, una familia no puede emitir dinero para pagar sus cuentas y tampoco podrá exigir se le pague impuestos para aumentar su patrimonio.

Sólo el Estado es capaz de hacer estas tres medidas e incluso al mismo tiempo. Contraer endeudamiento, emitir moneda y subir los impuestos. Una familia, no obstante, no podría sostener su nivel de vida con gastos superiores a sus ingresos. Deberá inexorablemente aumentar sus ganancias reduciendo sus gastos.

En el Estado, los gastos no deben ser superiores a los ingresos por la sencilla razón de que los recursos de los que dispone no le pertenecen. El Estado no tiene un lápiz o un papel que sea de su propiedad porque todo lo que tiene fue extraído vía impositiva a los contribuyentes, razón por la cual necesita de la fuerza, de la coerción, porque caso contrario nadie le estaría dando parte de su dinero a aquella organización.

Cuando el Gobierno, cualquiera sea, aumenta el déficit fiscal lo primero que debemos preguntarnos es qué se está haciendo con nuestro dinero y tomando en cuenta los siguientes indicadores. Primero, si el gasto está bien dirigido y eficiente, esto es, si es de calidad. Segundo, si el gasto es correspondido hacia el pagador de impuestos, es decir, si se cumple con el principio de la contra prestación al contribuyente. Y tercero, si el gasto público se fundamenta en el principio de legalidad constitucional.

Este último indicador hace a la República y seguidamente enfatizo sobre el primer y segundo indicador antes citado dado que termina por llevar a la práctica lo que se llama el retorno fiscal. Las personas pagan al Estado e imperativamente, en consecuencia, deben recibir servicios, como en efecto establece y exige nuestra Constitución, empezando por el orden de seguridad y justicia. Reducir el déficit fiscal es cumplir con nuestra ley fundamental y respetar al ciudadano.