Víctor Pavón
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES).
El déficit fiscal ocurre cuando el dinero utilizado por el Estado (gobernantes) es superior al que se ha percibido en concepto de ingresos provenientes del dinero de los contribuyentes.
Afortunadamente, en nuestro país desde el año 2013 se realizó un importante avance en cuanto a contener el déficit, una cuestión de indudable interés para la salud fiscal, de la propia economía e incluso muy bien visto a nivel internacional.
La ley de Responsabilidad Fiscal en Paraguay es muy buena, aunque quizás sea mejor que no exista déficit alguno y es preciso preservarla. La citada legislación establece que el déficit anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no puede ser mayor al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado. Existe la posibilidad de elevar el mencionado déficit hasta el 3 por ciento del PIB, en caso de emergencia, crisis o una caída de la actividad económica interna.
Sin embargo, luego de la pandemia del Covid junto con otras medidas el déficit fue creciendo erosionando seriamente aquella ley de responsabilidad fiscal. Se impone una ley que prohíba, por ejemplo, realizar ajustes en los períodos electorales.
De igual importancia, los países como el nuestro requieren de un sostenible crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos por arriba del 7 por ciento anual para dar el salto hacia el desarrollo. Para dicho cometido, la contención del déficit fiscal es uno de sus requisitos. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación en la que el déficit puede perderse de control?
La primera medida desde luego es respetar lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Si no volvemos al 1,5 por ciento del Producto o mejor a cero, el país deberá enfrentar aumento de impuestos, situación que sería similar a una catástrofe porque nuestra economía no lo podrá soportar. Para evitar este alto costo el país debe seguir ofreciendo su atractivo en cuanto a estabilidad monetaria y sostenibilidad fiscal, hacer reformas y se debe incrementar la eficiencia gubernamental.
Esto último significa elevar el rendimiento de la burocracia (menos tiempo, mejores resultados) y eliminar gastos estatales superfluos. El déficit fiscal no es solo un problema de caja, es un problema de orden moral porque nadie debería aprobar ni gastar más de lo que recauda. Celebro que el gobierno actual tome en cuenta este tema e intente volver cuanto antes a lo que establece la ley de Responsabilidad Fiscal.