Agroindustrias piden políticas públicas claras para crecer

Sandra Noguera, gerente general del gremio, explicó que si bien el procesamiento de oleaginosas mejoraría este año respecto al 2022, que fue el año de sequía en que se perdió más del 60 % de la producción nacional de soja y las fábricas tuvieron que parar antes de tiempo, los niveles de industrialización no aumentaron e inclusive muestran una tendencia a la baja desde el 2020.

“Consideramos como uno de nuestros mayores desafíos devolverle la competitividad al sector, y para ello venimos insistiendo a los sucesivos Gobiernos en trabajar en políticas públicas que permitan a la agroindustria seguir creciendo”, mencionó.

Las agroindustrias tienen un gran potencial para seguir creciendo y brindar más oportunidades de desarrollo, ayudando a crear parte de los 500.000 empleos de calidad que el actual Gobierno se propuso. “Estamos abiertos a dialogar con las nuevas autoridades y a trabajar en aquellas medidas que beneficien al Paraguay y a toda su gente”, manifestó Noguera.

La Cappro sostiene que mientras más crezca la industrialización más se desarrollará el Paraguay, anhelamos que se den las condiciones para que en los próximos años la industria paraguaya se consolide como un referente en la región.

Considerando la estimación de la cosecha para este año, los rindes industriales y los precios promedio de los diferentes productos, la exportación de productos industrializados podría generar al rededor de US$ 600 millones más a la economía nacional.

“La industria aceitera nacional tiene el firme compromiso y la capacidad para convertir al país en un proveedor global de alimentos y energía, y seguiremos trabajando para que así sea”, señala el gremio.

Las propuestas de la Cappro se basan en cuatro ejes principales: un esquema de equiparación tributaria para la industria aceitera con relación al resto de las industrias que exportan, pues actualmente es la única que no tiene derecho a la devolución del IVA al exportar productos industrializados; la lucha frontal y permanente contra el contrabando; y seguir trabajando para asegurar la producción sustentable, a modo de que el país se adapte a las exigencias de los consumidores. “Uno de los requisitos más urgentes es el establecimiento por ley del régimen de admisión temporaria para importar materias primas agrícolas”, añadió.

Esta última herramienta les permitiría utilizar todo el potencial que actualmente no está siendo aprovechado, ya que facilitaría y aseguraría la provisión de materias primas agrícolas durante todo el año, y consecuentemente, se obtendría un mayor ingreso de divisas para el país mediante la exportación de productos con mayor valor agregado.

La misma debería estar disponible siempre para las industrias y no solo ante eventuales quiebres de cosecha a raíz de sequías, como sucedió en el 2022, cuando las fábricas tuvieron que parar anticipadamente por desabastecimiento de materias primas.

Para el cierre de este 2023 esperan procesar menos de 3 millones de toneladas de oleaginosas. “Valor que podría considerarse positivo si se lo compara con el registro del año pasado, pero el 2022 ha sido claramente el peor año de la historia para la industria aceitera nacional, por lo que esta comparación deja solo una falsa sensación de mejoría”, expresó la gerente general de la Cappro.

Añadió que el valor de industrialización con el que se finalizaría el año es un retorno a la tendencia ya negativa que se viene registrando desde el cierre del 2018, periodo en el cual se subutilizó el potencial de las industrias para agregar valor a alrededor de un millón de toneladas por año.

Actualmente la cámara está conformada por 10 empresas industriales que canalizan alrededor del 60 % de la soja producida en el país y procesan oleaginosas para la obtención de la harina, cascarilla de soja y aceite crudo y refinado.