Jorge García Riart
Doctor en Educación Superior
A mediados del próximo año, tendremos un nuevo presidente de la República, electo popularmente para dirigir las políticas públicas. Por eso, la pregunta de cómo piensa financiar la calidad de la educación es imperativa. Para encontrar las claves prospectivas, hice el seguimiento a las propuestas de 5 precandidatos y 1 precandidata.
Las reuniones con los postulantes fueron favorecidas, entre junio y agosto de este año, por el Observatorio Educativo Ciudadano, una coalición de 23 organizaciones que analiza y difunde la realidad educativa del país para la toma de decisiones, la participación ciudadana y la incidencia en políticas públicas.
El primer invitado, Santiago Peña (ANR), enmarcó la previsibilidad del financiamiento educativo en la concreción del Plan Nacional de Transformación Educativa, que según él, surgió bajo su iniciativa cuando ocupó la Cartera de Hacienda del último gobierno.
Advirtió en cambio que no se trata de incrementar presupuesto, “porque en los últimos años hemos destinado más recursos para tener un terrible efecto regresivo”. Por ejemplo, la eficiencia en la mejora de los salarios de docentes dependerá de la mejora de los criterios en la asignación de la carrera docente.
A su turno, Efraín Alegre (PLRA) subrayó que el determinante de la calidad de la educación en los próximos años es la gestión. “En el Paraguay, a pesar de que se ha aumentado de manera sustancial la inversión en el sector educativo, no ha ocurrido lo mismo con la calidad de la educación”, señaló.
El presidenciable liberal propuso una ley de financiamiento a 10 años de plazo “porque, desde luego, no vamos a resolver en 1 año garantizar y blindar recursos para lograr los objetivos de educación”, resolvió.
La serie de diálogos continuó con otros aspirantes de la Concertación, en medio de las deserciones producidas. ¿De dónde vendrá la plata? Soledad Núñez (aún pretendiente a la titularidad del Ejecutivo) respondió que se tienen que hacer reformas importantes en las contrataciones públicas.
“Para dar señales claras de cambios, en el primer o segundo año, hay que hacer una buena administración de la función pública que incluye los recursos de educación. Se puede hacer mucho más con lo que tenemos, pero yo creo que es conformista quedarnos solamente con eso”, formuló Soledad.
Por su lado, Sebastián Villarejo (PQ), mucho más contundente, expuso que en la primera semana de su gobierno impulsará los ajustes normativos necesarios para demostrar que la educación es una inversión necesaria para construir algo mejor.
Martín Burt (PLRA), prefiere, antes de incrementar más fondos a educación, revertir la inercia del credencialismo y la injerencia política en educación. ¿Vas a subir el impuesto sin tapar ese agujero?, repreguntó el pretendiente al Ejecutivo. “De ninguna manera, si no se cambia a la clase política colorada, se va a seguir rifando la plata”, se contestó a sí mismo.
Un candidato que no entra en la Concertación -y apuesta a una justa general con fuerzas tradicionales- es Euclides Acevedo. Conversamos con él sobre el problema que nos atañe. Arropado de su experiencia diplomática, propuso aplicar el canje de deuda con los países así como a la integración solidaria de las naciones.
En general, no percibí divergencias sustanciales propositivas sobre el financiamiento educativo de los aspirantes a la conducción nacional desde el 2023. Sin embargo, no hay convergencia precisa sobre cuáles mecanismos eficaces de financiamiento serán aplicables para garantizar la calidad educativa de los próximos años. Y he aquí el gran desafío.
Para tener tan solo una idea de la envergadura de la inversión en la calidad educación que debe asumir el nuevo gobernante, se estima que, a partir del 2025, el financiamiento acorde a los requerimientos de implementación del Plan Nacional de Transformación Educativa debe ser el 5,2% del PIB, eso es más de 20 billones de guaraníes.