Lea Giménez
Jefa de la División de Innovación en Servicios Ciudadanos del BID
Una de las vías más poderosas para que América Latina y el Caribe (ALC) den un salto hacia el futuro es la transformación digital (TD). Sin embargo, es importante comprender que “transformación” es realmente la palabra clave. No se trata solamente de comprar software o digitalizar procesos. Más bien, la TD implica un cambio profundo en la forma de hacer negocios, acceder a los servicios, interactuar con los ciudadanos, y gobernar. La oportunidad es enorme. La TD no solo provoca crecimiento económico, sino, también, cambios rápidos y muy profundos en todos los sectores, todos los niveles de la administración pública, y todos los segmentos de la sociedad. Entre los cambios estructurales que la TD conlleva está el acceso a servicios públicos de calidad.
El impacto de la digitalización en las administraciones públicas es similar al que se tiene en la empresa privada: promover la innovación y una mayor productividad del capital y la mano de obra, lo que a su vez se traduce en mayor competitividad y mejores productos y servicios. La TD tiene el potencial de desencadenar un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos al acelerar el avance de un desarrollo más inclusivo, transparente y eficiente en una región donde la desigualdad, la corrupción y la ineficiencia burocrática son desafíos muy prevalentes.
La gran cuestión, sin embargo, es que la digitalización no tiene vida propia. Al contrario, depende de las decisiones humanas. Para aprovechar su potencial y garantizar que es un catalizador de crecimiento económico de calidad, hay que integrarla de manera consciente con los objetivos de, por ejemplo, reducción de la desigualdad, promoción de la transparencia, y aumento de la eficiencia.
En el contexto actual, las tecnologías digitales y los datos han sido herramientas clave para orientar la gestión de la crisis y promover la continuidad de la educación, el trabajo y el gobierno. De hecho, el impacto de la crisis se ha mitigado mejor en países con mayores niveles de digitalización. Por ejemplo, el Covid-19 encontró a Uruguay con un sistema completamente operativo de educación pública digital.
El Plan Nacional de Educación Digital (Plan Ceibal) iniciado en 2007, hizo que ese país proporcionara a todos los estudiantes y docentes del sistema de educación pública acceso a Internet, un ordenador y los recursos pedagógicos necesarios para lograr, desde el inicio de la pandemia, una transición exitosa e inmediata a un modelo de servicios educativos ‘en línea’. En la mayor parte de la región, sin embargo, muchos niños se han desconectado del sistema educativo debido al impacto del Covid-19, lo que significa un claro retroceso en su formación. El mismo problema que en educación se observa en los demás sectores.
Aprovechar al máximo el inmenso potencial de la TD requiere un pensamiento estratégico, una visión integral y de largo plazo de lo que se debe lograr, y la capacidad de prever y superar barreras importantes relacionadas con una conectividad deficiente, una gobernanza débil, una falta de talento e infraestructura digitales, y una regulación obsoleta.
La falta de una visión integral de la digitalización y de una buena gobernanza es la receta para el peor tipo de digitalización: una que reproduzca la burocracia del papel a un precio mucho más alto. Las tecnologías digitales pueden ser de gran ayuda para la región, pero los seres humanos también debemos hacer nuestra parte.
*El original de este artículo fue publicado en el blog de Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo.