Jorge García Riart
Actual director académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica
A un año y medio de suspenderse las clases presenciales en todos los niveles en el Paraguay, es hora que las vacunas contra el COVID-19 estén en todas las escuelas públicas –también privadas– como parte de una política pública que considera la educación esencial.
La vacunación debería haber empezado en las instituciones educativas, espacios que no solo son de formación sino también de socialización. Su población debería haberse declarado prioridad y el Estado, desde el primer momento, debía haber protegido a los docentes como trabajadores esenciales.
Las campañas de vacunación contra este síndrome tendrían que tener a la escuela como epicentro de una acción pública masiva. Si algo debemos celebrar de los esfuerzos del Estado en las últimas tres décadas, son, sin dudas, los índices positivos de escolaridad y accesibilidad a la educación básica y también en los otros niveles.
Es más probable que un niño o una niña o un adolescente, incluso en condiciones de vulnerabilidad, acuda a la escuela pública de su ciudad, de su barrio, de su compañía, a pie, a caballo, en moto, en colectivo, porque en este recinto encuentra la protección del Estado: educación y alimentación.
Pero, el Estado quedó rezagado en salud. En las escuelas oficiales –tampoco en las privadas- ya no se hace vacunación contra enfermedades estacionales, no hay ni siquiera consultorios o ambulatorios que en coordinación con la Cartera pertinente pueden ser impacto para evitar y controlar epidemias.
Recuerdo que, en mi infancia, las dosis de Sabin contra la polio –hoy casis 100% erradicada– las ingerí en mi colegio. Entonces, eran tiempos menos pluralistas que los que vivimos hoy. Mi primera “cédula” también la obtuve en mi institución. Es decir, el Estado reconocía estratégicamente la escuela como la mejor forma de generar un impacto en la sociedad.
La estrategia de Salud en los últimos años ha sido maximizar la centralidad de sus atenciones en recintos oficiales muy mal distribuidos en el país. La red de servicios públicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con más de 1200 establecimientos mientras que la red de instituciones educativas públicas se compone de alrededor de 7.100.
Es decir, Salud tiene institucionalmente la capacidad de cubrir solo el 16% de la fuerza corporativa del sistema educativo nacional. Es fácil deducir entonces que el impacto de la población en edad escolar y en los servidores públicos dedicados a una actividad esencial como educación estaría mejor garantizado con un plan de vacunación que debe priorizar las escuelas.