Por Celina Lezcano
Ministra de la Mujer
La legitimidad de los procesos políticos electorales democráticos es una cualidad que se encuentra en permanente y creciente cuestionamiento, es así que nace una natural necesidad de garantizar la transparencia y validez de los procesos electorales como reflejo incuestionable de la voluntad popular. Esta necesidad se contrapone al deseo de algunos de debilitar esa representación popular, formando una “ciudadanía asistida”, la del ejercicio de sus derechos a partir de un tutelaje y de la asistencia de otros, donde los ciudadanos esperan a que se genere la situación desde “el otro”, por lo cual se transforma el colectivo en una ciudadanía pasiva.
Este escenario nos lleva a revisar el proceso de construcción de la ciudadanía, proceso dinámico, complejo y contradictorio en más de un contexto, donde diferentes grupos, negocian, interpretan y discuten ideologías e intereses disímiles. Hoy estamos ante el desafío de pasar de la ciudadanía que exigía el derecho al voto, el derecho a lograr la satisfacción de sus necesidades básicas, a la ciudadanía del tercer milenio que demanda y asume un compromiso con su bienestar y prosperidad asi como el de su comunidad, con el ambiente y con el ejercicio de los derechos propios de primera y segunda generación, que exigen pasar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa.
En el escenario político nacional vemos que la presencia de la mujer, en el marco de los ciudadanos habilitados para ejercer el voto, se encuentra en igual proporción que la de los hombres, o sea, las mujeres representamos un 50 por ciento de los votos. Es así que, en cuanto a legitimidad del proceso electoral, podemos decir que la participación positiva de la mujer en el día de las elecciones, votando efectivamente, otorga una legitimidad del 50% del universo electoral del país, a las autoridades que emerjan de dicho acto eleccionario; así como la no participación de la mujer, resta dicha legitimidad a las autoridades electas.
Lograr la participación real de la mujer en la política no debe ser un objetivo solamente de las mujeres, sino de todos los ciudadanos de este país, ya que la participación de las mujeres, en cuanto a su porcentaje real en el universo electoral, es fundamental para que las autoridades electas puedan desarrollar su gestión de gobierno sustentada en la solidez y tranquilidad de una legitimación ciudadana, validada por la participación en un alto porcentaje de la ciudadanía, representada por mujeres y hombres con derecho al voto.
Nuestro modelo político, participativo y democrático, basado en la lógica de la ciudadanía asistida, está sufriendo el desgaste natural que se refleja en la baja calidad de la gestión administrativa, ya que un poder que es aparente, no puede articular eficientemente la gestión requerida por una ciudadanía del tercer milenio. Lograr una legitimación electoral democrática, está vinculada entonces, a la efectiva participación de las mujeres, lo que impactará necesariamente en una evolución hacia un modelo de ciudadanía comprometida con su bienestar y prosperidad, y por lo tanto con el de su comunidad.
Atendiendo el momento político que estamos viviendo con las próximas elecciones municipales, es de trascendental importancia que las mujeres tomemos esta oportunidad para demostrar nuestra decisión y compromiso, de pasar de una ciudadanía pasiva que espera concesiones, a una ciudadanía activa que espera ser protagonista en los procesos eleccionarios y que acude mayoritariamente a ejercer el derecho al voto, derecho que nos otorga el vivir en un estado republicano y democrático, de forma responsable y consciente, esperando que los que nos van a representar, también reflejen esa responsabilidad y conciencia en la toma de las decisiones que afectarán nuestras vidas de manera real y efectiva.