Por Jorge García Riart*
(*) Doctor en Educación Superior
En este tiempo de pandemia, la conducción principal de la República propuso reformar el Estado y fue aceptado por la dirigencia política. Plantea básicamente mejorar el gasto público. Los impulsores anunciaron que la meta es concluir el proceso a fines de este año. Veremos.
Hay que, sin embargo, recordar algunas cosas raras de cómo está estructurado actualmente el Estado paraguayo: el registro de identificación ciudadana lo otorga la Policía Nacional; para colmo, recientemente, desapareció la base de datos digitalizada del Registro Civil (se perdieron más de 4 millones de dólares).
Justamente en esta crisis sanitaria de 2020 saltaron a la vista otras situaciones llamativas: el Ministerio de Salud, sin precedentes en la historia democrática del país, recomendó al Ejecutivo un enclaustramiento general para evitar el virus. Como consecuencia, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos.
Cada vez que se le preguntó al Ministro del Ramo cuándo tentativamente se volvería a las aulas, atinó a decir que dependía de las recomendaciones de Salud. O sea, explícitamente el Ministerio de Salud se convirtió en el programador del calendario escolar y, sin clases, el Ministerio de Educación se puso a repartir alimentos.
Cuando como nunca necesitamos una política que considere el internet un servicio público o un servicio esencial para la educación, nos dimos cuenta de que es un tremendo negocio lucrativo controlado por una entidad autárquica independiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación que se llama Conatel.
También en Educación pasan cosas insólitas ciertamente: el Ministerio de Hacienda paga sueldos de maestros del sector público según su plan financiero y el Ministerio de Obras Públicas no construye escuelas ya que ahora les toca a los municipios y a las gobernaciones tal cometido a partir de unos fondos que provienen de regalías de parte de las empresas binacionales de producción eléctrica.
La educación superior no está controlada por el Ministerio de Educación directamente sino a través de un representante minoritario en el Consejo Nacional de Educación Superior frente a una cantidad de otros miembros que fungen de actores corporativos; el Consejo Nacional de Educación y Ciencias está acéfalo. El 90% del presupuesto del MEC es para pagar gastos rígidos y solo 10% para inversión.
La política educativa es sumamente centralizada en el Paraguay a pesar de que la Constitución Nacional declara que el Estado es descentralizado. Existen en el país 17 gobiernos subnacionales con gobernador y juntas departamentales que no sabemos exactamente que aporte a la descentralización política y a la educación han conseguido.
La mayoría de los consejos departamentales de educación, creados por resolución del MEC, no funcionan o no están instalados. Los gobiernos municipales, que también por autonomía pueden definir políticas públicas de educación, no hacen mucho.
Hay funciones superpuestas en algunos ministerios. El Ministerio de Agricultura cuenta con una Dirección de Educación Agraria que ejecuta programas de Bachillerato Agropecuario. El Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuando ofrecen los mismos cursos.
Por cierto, la Formación Técnica Profesional está tan diversificada en el país que el Ministerio de Educación -a pesar que la controla- no tiene idea exacta de la calidad de los cursos que se ofrecen. Una vez en un inventario se encontró que había una tecnicatura en bicicleta; no se supo si era para aprender a arreglar bicicletas o para montarlas.
Para cerrar, el Plan Nacional de Transformación Educativa comenzó en el Ministerio de Hacienda. Ahora por suerte, se conformó un equipo interministerial para dirigirlo. Pero caen siempre en lo mismo, los Ministerios terminan firmando acuerdos interinstitucionales para ejecutar con eficiencia ciertas políticas públicas cuando las partidas de gastos vienen de la misma fuente presupuestaria.
Si se pudiera poner en orden todo esto, seguro que se ahorrarían recursos a la gestión económica del Estado. No obstante, hay que pensar que una eventual reforma del Estado tiene que tener en cuenta la modernización del sector Educación.