El Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ha ratificado el propósito fundamental detrás del proyecto de ley que plantea la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones: salvaguardar los recursos de los trabajadores.
En un esfuerzo por aclarar ciertas preocupaciones, negó categóricamente la posibilidad de que el Instituto de Previsión Social (IPS) otorgue créditos al Estado, enfatizando el compromiso de preservar los fondos de los aportantes.
Este proyecto, según explicó Fernández Valdovinos, está diseñado con el objetivo central de asegurar la autonomía de las Cajas Jubilatorias, al mismo tiempo que garantiza la seguridad de los fondos pertenecientes a los trabajadores.
Durante una entrevista, el ministro detalló que el superintendente, quien será empleado del Consejo de Seguridad Social, tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes establecidas por el Consejo de Superintendencia. A pesar de ciertos detalles que podrían mejorarse en la ubicación jerárquica de la superintendencia, Fernández Valdovinos subrayó la importancia de su implementación en estos momentos.
El funcionario hizo hincapié en la disposición del Gobierno para escuchar y considerar las inquietudes de diferentes sectores a lo largo del proceso legislativo. Destacó la participación inicial de centrales obreras, empresarios y jubilados en la redacción inicial del proyecto, además de la inclusión de modificaciones posteriores sugeridas por estos sectores.
Fernández Valdovinos reafirmó que cualquier ajuste adicional necesario para mejorar la comprensión del proyecto será considerado. Además, rechazó rotundamente la posibilidad de que el IPS ofrezca préstamos al Estado, insistiendo en que esto nunca fue parte de la discusión ni será contemplado legalmente.
El Ministro expresó su confianza en un amplio consenso en torno a esta iniciativa legislativa y manifestó su esperanza de que el Congreso apruebe el proyecto durante la sesión programada para este día.
Este proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio destinado a fortalecer la seguridad y autonomía de las cajas jubilatorias, garantizando así la adecuada protección de los fondos destinados a las pensiones de los trabajadores.
Finalmente, se reiteró la importancia del diálogo abierto y la participación de diversos sectores en la concepción y desarrollo de esta propuesta legislativa crucial.