El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, durante la presentación del informe institucional, destacó que la prioridad de los primeros 100 días de gestión del Gobierno fue resolver la deuda acumulada con constructoras y proveedoras de salud, estimada en USD 600 millones.
La aprobación de un proyecto de ley permitió al MEF emitir bonos soberanos, obtener créditos y redirigir recursos para saldar estas deudas, especialmente en las áreas de obras públicas y salud, generando un impacto positivo en el dinamismo económico del país.
La gestión incluyó un calendario de desembolsos que garantiza un flujo de pagos a las proveedoras, lo que alivió la tensión y permitió mantener el suministro de insumos al Ministerio de Salud, recibiendo entre US$ 11 a 12 millones mensuales desde agosto.
Además, se aprobó la utilización de una parte significativa de un crédito disponible para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), facilitando un monto de US$ 60 millones de un total de US$ 120 millones.
En cuanto a la emisión de bonos, el enfoque está en buscar las mejores condiciones para realizarla en el mercado local, después de la conversión de parte de la deuda del Estado de dólares a guaraníes por un total de US$ 100 millones.
Otra medida importante es el impulso a las Alianzas Público-Privadas (APP) para el desarrollo de obras públicas, aprovechando la reestructuración del Ministerio que agiliza la aprobación de dichas iniciativas.
El plan de convergencia fiscal presentado por el Gobierno también fue mencionado, proyectando alcanzar un déficit fiscal del 1,5% del PIB para el año 2026, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta meta se fija tras enfrentar un déficit inicial mayor al estimado debido a deudas no contabilizadas.
El Ministro Fernández aseguró que este nuevo plan no ha afectado la percepción internacional del país, manteniendo las calificaciones internacionales e incluso mejorando en la medida del “Country Ceiling”, lo que se espera fomente las inversiones privadas. Afirmó que el plan es razonable y no supone riesgos para Paraguay, manteniendo la confianza de multilaterales y calificadoras de riesgo en el país.