El Gobierno anunció la contratación de un seguro contra terremotos de alta intensidad, eventos de poca frecuencia pero cuyos impactos financieros pueden “afectar significativamente el manejo de la política fiscal y el nivel de deuda pública de Chile”.
“Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia integral de manejo de riesgos catastróficos estructurada por el Ministerio de Hacienda”, indicó el titular de la cartera, Mario Marcel.
El seguro será contratado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y “permitiría a Chile recibir pagos indemnizatorios preestablecidos, ante la ocurrencia de determinados eventos sísmicos parametrizados de alta intensidad que causen un daño material al país y a las finanzas públicas”, indicó el ministerio.
De esta manera, “si un sismo es mayor a un umbral particular y tiene lugar en una determinada zona y profundidad, el seguro prevé un pago específico asociado al evento. Todo ello a cambio de pagar a principio de cada año una prima por dicha cobertura durante la vigencia del contrato”, explicó.
El terremoto de 2010 produjo daños que se han estimado en treinta mil millones de dólares, equivalentes al 18% del PIB nacional. Estos daños se descomponen en la pérdida de USD 10.357 millones en infraestructura privada, USD 10.538 millones en infraestructura pública y unos USD 9.000 millones en bienes y servicios que se dejaron de producir por el terremoto, segun cifras entregadas por el Gobierno ese año.
En febrero de 2018, el Banco Mundial emitió bonos por USD 1.360 millones para otorgar protección contra terremotos de manera colectiva a Chile, Colombia, México y Perú, constituyendo la mayor operación de cobertura de riesgo soberano, la segunda en la historia del mercado de bonos catastróficos y la primera en que los integrantes de la Alianza del Pacífico acceden a los mercados de capitales para obtener un seguro contra desastres naturales. Chile recibirá USD 500 millones para cubrir riesgo.
El origen
Los estudios con el Banco Mundial -Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento- comenzaron en junio de 2022, con el objetivo de diseñar distintas estructuras de seguros financieros paramétricos que pudiera contratar el país para cubrir y afrontar de mejor forma las consecuencias financieras de un terremoto.
De ello surgió la estrategia integral de manejo de riesgos catastróficos, que incluye el manejo financiero de las catástrofes en tres niveles. El primero referido a casos en los cuales hay eventos de mayor frecuencia, pero de menor costo, que pueden ser absorbidos dentro del presupuesto a través de los recursos del Tesoro Público.
En segundo lugar, explicó el ministro Marcel, están los eventos con una menor periodicidad, pero con un impacto algo mayor y respecto de los cuales el Estado ahorra recursos para poder usarlos en esas circunstancias. Para ello es la creación del Fondo para Desastres Naturales (Foden) como parte de la institucionalidad financiera pública, que forma parte del proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que está actualmente en discusión en el Senado.
El seguro contra trerremotos, se enmarca en el tercer nivel, que está relacionado con eventos de mayor magnitud.
Según Marcel “el seguro está orientado a la cobertura financiera para el manejo de desastres naturales como terremotos y no incluye situaciones como las que estamos viviendo hoy con los incendios forestales en la zona centro-sur del país”.