España está abriendo sus puertas a trabajadores extranjeros con el objetivo de lidiar con una escasez de su fuerza laboral y mitigar una caída demográfica que atenta contra su futuro económico.
La política contrasta con la postura anti inmigratoria en buena parte del continente. La reforma entrará en vigor en los próximos días y ofrece un camino acelerado hacia el estatus legal para potencialmente decenas de miles de personas que trabajan de manera informal.
Con la tasas de desempleo en su nivel más bajo desde 2008, España, al igual que buena parte de Europa Occidental, está teniendo dificultades para lidiar con la escasez de fuerza laboral que, por ejemplo, llevó al caos en los aeropuertos este verano boreal. La cuarta economía de la zona euro está experimentando vacantes evidentes en áreas que van desde desarrolladores de software y científicos hasta camareros, albañiles y despachantes de equipaje.
Aunque el repunte posterior a la pandemia explica las necesidades de empleo más acuciantes, la escasez también deja entrever los problemas más profundos que aquejan a las economías industrializadas, con menores tasas de natalidad, reducción de la mano de obra y aumento de los costos de las finanzas públicas.
“El envejecimiento de la población significa que habrá que depender más de los trabajadores extranjeros para ayudar a los países europeos a mantener los estados de bienestar y las pensiones”, dijo en una entrevista el ministro de Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, arquitecto de la reforma. “Es más bien un problema a medio plazo, pero esta medida está diseñada con vitas a ese horizonte”.
España tiene una de las sociedades que envejecen más rápidamente del mundo. La proporción de su población mayor de 65 años se sitúa ahora en el 23%, lo que refleja una esperanza de vida especialmente alta y una baja tasa de fertilidad. El número de españoles se reducirá en un tercio de aquí a 2100, suponiendo que los flujos de inmigración sean normales, según las proyecciones de las Naciones Unidas.
Escrivá, antiguo economista del Banco Central Europeo, predice que estos retos aumentarán la competencia para cubrir las carencias de cualificación en las economías avanzadas. Es posible que esto ya esté ocurriendo, ya que otros países también acogen a los inmigrantes.
Alemania planea una reforma para permitir que más de 130.000 extranjeros obtengan un estatus regular, y Polonia quiere que muchos de los 2 millones de refugiados ucranianos en el país se queden para siempre. Otras naciones están más decididas a mantener a los extranjeros fuera. Los partidos italianos de extrema derecha que reclaman medidas contra los inmigrantes ilegales lideran las encuestas de cara a las elecciones del próximo mes.