La recuperación económica y social de la región dependerá de muchos factores involucrados con las condiciones institucionales de cada gobierno.
América Latina está siendofuertemente golpeada por la COVID-19. Las consecuencias derivadas de pandemia en los ámbitos económicos, sociales y políticos se refieren a condicionales institucionales pre-existentes en la región, incluyendo baja confianza en las instituciones, polarización política y social, percepción de captura del Estado y partidos políticos debilitados. Por esta razón, entre septiembre y noviembre 2020, el PNUD organizó siete consultas con una diversidad de actores de la región y a partir de las mismas se propone 8 principios para la recuperación sostenible.
A partir del planteamiento del PNUD que el desarrollo para América Latina y el Caribe implica una carretera de tres carriles - productividad, inclusión y resiliencia – con gobernabilidad efectiva como el pavimento necesario.
1. Políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, incluyente y amigable al crecimiento económico Se transforman los regímenes fiscales para garantizar recaudos que fortalezcan la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad, permitiendo un gasto sostenible, más justo e inclusivo, que promueva la universalidad de la protección social y que sea amigable al crecimiento económico.
2. Transformación de las capacidades de los Estados con innovación Objetivos, reglas y estructuras se adecúan a las expectativas ciudadanas para garantizar la prestación de servicios públicos eficientes y efectivos. Los resultados obtenidos son coherentes con los acuerdos forjados entre diversos actores. La experimentación constante se establece como necesaria en la búsqueda permanente de innovación para mejores resultados.
3. Transparencia, publicidad de información y rendición de cuentas en la gestión pública La información que concierne a la gestión pública es abierta, accesible y oportuna. Las decisiones e implementación de los quehaceres del Estado son accesibles a la ciudadanía. Tomadores de decisión, a todos los niveles y de todos los sectores, toman responsabilidad por sus acciones.
4. Reconstrucción de la confianza y legitimidad en los actores políticos, económicos y sociales Se aplican medidas para la reconstrucción de la confianza en los actores políticos, económicos y sociales, hoy claramente disminuida. Se deben construir dinámicas de legitimidad vía procesos de decisión abiertos, acuerdos renovados y resultados efectivos, cambiando la forma en que la ciudadanía “experimenta” su relación con el Estado.
5. La ciudadanía como parte activa en la construcción de acuerdos La ciudadanía es parte activa de la búsqueda permanente de acuerdos en torno a la construcción de sociedades inclusivas y prósperas que beneficien a la mayoría.
6. Eliminación del uso de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos La seguridad ciudadana se establece como resultado esencial del desarrollo, reforzando la prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Se elimina el uso de la violencia o la amenaza de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos.
7. La ley y el acceso a la justicia con igualdad para toda la ciudadanía La ley y el acceso a la justicia es igual para toda la ciudadanía, sin fueros ni privilegios y se aplica imparcialmente con equidad y justicia. Se fortalecen las instituciones garantes de la justicia y la promoción de los derechos humanos.
8. La equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental como objetivos prioritarios La sostenibilidad (económica, social y ambiental) se establece como el objetivo último de la gobernanza para el desarrollo.