Carlos A. Primo Braga
Profesor asociado de la Fundación Don Cabral y exdirector del departamento de política económica y deuda del Banco Mundial
Los últimos decenios estuvieron signados por importantes perturbaciones en materia de geopolítica y economía. La “caída” del Muro de Berlín (1989) allanó el camino para la reunificación alemana, anunciando el futuro colapso de la Unión Soviética. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 tuvieron su impacto en el panorama geopolítico internacional. La quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, como presagio de la crisis financiera mundial, y el 2016 con sendos triunfos electorales del BREXIT en el Reino Unido y de Donald Trump en los EEUU son algunas de las otras fechas que me vienen a la mente.
Pero si hubiera que elegir un año para declararlo como “el año que cambió el mundo”, el 2020 sería seguramente un rival de peso para los mencionados anteriormente. La pandemia del Covid-19 ya está entre las 10 pandemias más dramáticas de los últimos 100 años, con un saldo de más de un millón y cien mil víctimas fatales hasta mediados de octubre de 2020. Los gobiernos de todo el mundo, con mayor o menor celeridad, reconocieron que sus economías tendrían que ser colocadas en una especie de “coma” temporal basada en restricciones a la circulación de las personas y en prácticas de distanciamiento social para faciliatar el control del virus.
Sin embargo, el debate sobre cuán restrictivas deben ser las medidas de distanciamiento social sigue abierto. En un extremo están los adeptos de la cuarentena draconiana, que es una estrategia de supresión del virus. Sin embargo, muchos países han adoptado estrategias de mitigación con restricciones de distintos grados aplicadas a las actividades económicas y sociales. Los defensores de las medidas más bien moderadas de distanciamiento social -con el aislamiento limitado a los segmentos de la población más expuestos al Covid-19 y la realización de pruebas generalizadas a las personas infectadas- sostienen que esas medidas son suficientes para descongestionar el sistema de salud.
La pregunta ineludible es ¿cuánto tiempo puede una sociedad aplicar medidas de distanciamiento social sin generar una crisis política debido a la caída de la actividad económica y el aumento del desempleo? La mayoría de los análisis de costo-beneficio de la distancia social apoyan la adopción de medidas extremas en ausencia de vacunas y/o medicamentos eficaces. Pero, al final de cuentas, todo depende de la duración de la pandemia y de la tasa de descuento utilizada para comparar los beneficios futuros con los costos actuales. También es importante reconocer que en los países en los cuales el mercado laboral se caracteriza por altos niveles de informalidad (como en el caso de los países del Mercosur), la aplicación y la sostenibilidad de las normas de distanciamiento social tropiezan con dificultades adicionales.
Paralelamente a las medidas de salud pública, la mayoría de los países han venido adoptando medidas fiscales -inyectando dinero en una proporción que supera el 10% del PIB mundial- para estimular la economía. La expansión fiscal generalizada y el aumento de la liquidez implementados por los bancos centrales han mitigado los efectos económicos de la crisis. Aún así, el FMI estima que el PIB mundial se contraerá en un 4,4% en 2020, mientras que el PIB de América Latina y el Caribe (ALC) se contraerá en un 8,1%.
Se espera que la economía mundial vuelva a crecer en 2021. La realidad, sin embargo, es que será el virus quien marque el ritmo de la recuperación. En un escenario optimista -con la aprobación de una vacuna eficaz de amplia distribución- puede esperarse una fuerte recuperación en 2021 materializada en un crecimiento del 5,2% a nivel mundial, con ALC creciendo de nuevo un 3,6% según el FMI. No obstante, se espera que los mercados financieros y los mercados laborales sigan caminos diferentes en cuanto a la recuperación económica, ya que el efecto combinado de las políticas gubernamentales tiende a tener un sesgo a favor de los activos financieros. En síntesis, la pandemia y las políticas gubernamentales tendrán un impacto duradero en lo que respecta a las desigualdades económicas y los niveles de empleo.
Uno de los retos futuros es la cuestión fiscal. Muchos países (especialmente la Argentina y el Brasil) llegarán a finales de 2020 con una deuda pública bruta de alrededor del 100% del PIB. En el Mercosur puntualmente, el único país que tiene un ratio deuda/PIB bajo (alrededor del 25%) es Paraguay. Muchos países tendrán dificultades para mantener una política fiscal expansiva en 2021, dado que se espera que esa estrategia ponga en duda la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, la adopción de políticas fiscales restrictivas podría abortar la recuperación. Esa es la encrucijada fiscal mencionada en el título de ese artículo. Una variable crítica será la credibilidad de las autoridades fiscales y monetarias. Lamentablemente, en las sociedades en las que el nivel de confianza en el gobierno es bajo (como ocurre en los países del Mercosur), las decisiones sobre el camino a seguir en esta “encrucijada” difícilmente lleven a buen puerto. En Fundación Don Cabral, a través del Programa PAEX, ayudamos a líderes y organizaciones a realizar su Plan Estratégico para que sepan qué sendero elegir cuando las encrucijadas se presentan.