El banco Basa lanzó su nota macro trimestral de septiembre donde destaca que los números oficiales muestran que el “rebote” de la actividad económica doméstica es más fuerte a la estimada inicialmente.
La pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento implementadas en el país provocaron un colapso histórico en la producción. Sin embargo, la reapertura gradual de la economía permitió que las actividades productivas ganen nuevamente mayor dinamismo. Como consecuencia, la retracción interanual de la producción (medida por el IMAEP) fue menor en mayo respecto a abril, volviéndose a observar un crecimiento económico a partir del mes de junio.
Con respecto al pico de producción registrado en febrero, la economía se derrumbó en un 20% al mes de abril, pero cuatro meses después la diferencia con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacionalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observado en otras recesiones, esta dinámica mensual positiva iría desacelerándose en los próximos meses. Sin embargo, considerando que la retracción de la economía en el acumulado al séptimo mes del año es de solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB en 2020 sería mucho menor a la estimada inicialmente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones indican que la economía paraguaya caería entre 1% y 2% este 2020.
Dinamismo desigual. La recuperación no es uniforme a través de todos los sectores. El consumo doméstico, medido por el estimador de cifras de negocios (ECN), mostró una expansión interanual por dos meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines de junio y julio. Con estos resultados el promedio de variación interanual del ECN durante los primeros siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, un análisis más granular de este indicador muestra que el “rebote” no es homogéneo a través de todos los sectores considerados. En tres de ellos, el crecimiento interanual de las ventas continuó en terreno negativo durante los últimos tres meses: ventas en grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas de productos farmacéuticos.
En este contexto, en uno de ellos, el incremento solo ha sido positivo en el último mes: ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores muestran una recuperación más consistente, ya que un aumento interanual se observa en al menos dos de los últimos tres meses: ventas en supermercados, ventas de equipamiento del hogar, ventas de materiales de construcción y ventas de servicios de telefonía.
En cuanto a inversión, las obras publicas continúan con un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Administración Central, acumulado en los primeros ocho meses del año, alcanzó 603 millones de dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo periodo del año anterior. Contrariamente, las importaciones de bienes de capital (para uso interno) registran una retracción del 16% en ese mismo periodo.
Crédito bancario va perdiendo fuerza y ello conspira contra una recuperación sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno, como el BCP implementaron numerosas medidas para incentivar el desembolso de recursos al sector privado por parte de los bancos y coadyuvar con ello a una recuperación de la economía. La capitalización de las entidades financieras públicas, el diseño de un esquema de garantía para los créditos, la significativa reducción de la tasa de interés de política monetaria, la reducción de los encajes legales y la flexibilización de las normas regulatorias formaron parte del paquete de políticas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin embargo, los resultados de estas medidas quedaron por debajo de las expectativas.
El crecimiento interanual de los créditos en moneda extranjera muestra una tendencia decreciente desde octubre de 2018 y desde fines del año pasado el saldo de este tipo de préstamos presenta una retracción (i.e. crecimiento interanual negativo). Por su parte, el aumento interanual de los créditos en moneda nacional había comenzado a recuperarse a partir del mes de abril, pero parece haber perdido fuerza a partir de julio.
Un PGN clave para el futuro. El resultado de las cuentas públicas sigue reflejando el severo impacto económico y sanitario de la pandemia. El déficit acumulado durante los ocho primeros meses del presente año cerró en un monto equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingresos, las recaudaciones tributarias se han recuperado solo parcialmente de las consecuencias de la cuarentena sanitaria implementada para el combate al coronavirus.
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado de Tributación (SET) registran una caída interanual de casi 12% en el acumulado de enero a agosto, si bien en este último mes las mismas estuvieron por encima del observado en agosto del año anterior (5%). Por su parte las recaudaciones en Aduanas se redujeron interanualmente durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre de las fronteras explica en parte este mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró un significativo aumento de los gastos corrientes (11% interanual en el acumulado de los ocho primeros meses), explicada parcialmente por las diferentes medidas implementadas en el marco de la ley de emergencia.
El ahorro fiscal (o balance operativo) permanece en terreno negativo: aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo enero-agosto7 . Por otra parte, la recuperación de los ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un elevado nivel de gastos de capital en el segundo semestre del año anterior y la negativa del Congreso de autorizar un mayor endeudamiento por encima de lo contemplado en la ley de emergencia harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en niveles cercanos al actual. Proyectamos que el déficit de la Administración Central a fines del 2020 no superaría el 6% del PIB.
La aprobación de un presupuesto de gastos razonable, financiable y que implique el inicio de la consolidación fiscal será clave para mantener positivas las perspectivas económicas del país. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de Presupuesto General de Gastos (PGN) que contempla un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legislativo en el proyecto una nueva excepción a la regla para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 4% del PIB.
Esta aparente contradicción se explica básicamente por dos factores. Primero, el presupuesto presentado, y que respeta el límite máximo de déficit establecido en la LRF, no contempla la ejecución (y pago) de varias obras públicas que ya están en andamiento y que impactarán en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, las obras que están siendo construidas bajo la modalidad llave en mano como la Ruta Bioceánica. Segundo, los ingresos previstos estarían sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son ingresos no especificados y que serán de difícil realización.
Estos dos factores harán que el déficit a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 6% del PIB en el año 2020, consideramos que el objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto indicaría claramente a los agentes económicos que el gobierno ha comenzado un proceso serio para recomponer gradualmente el espacio de maniobra fiscal perdido durante la recesión creada por la pandemia.
Con una recuperación económica mejor a la prevista inicialmente, empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar la consolidación fiscal (y monetaria) versus un objetivo de mantener políticas macroeconómicas laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sentido, el gobierno debería presentar en la brevedad su plan para la convergencia en el tiempo al límite máximo establecido en la LRF.
Para BASANOMICS, dicha convergencia no debería darse en un plazo superior al término de este gobierno (es decir, 2023). Tanto la aprobación de un PGN razonable financieramente como el plan de convergencia serán elementos fundamentales que permitirán mantener -o no- la calificación de la deuda soberana del país que realizan las calificadoras de riesgo internacionales.
