Para la agroindustria no habrá demasiados cambios sujetos únicamente al fin de la pandemia, pues el sector siguió produciendo desde el inicio de las medidas de aislamiento social y la demanda de alimentos y energía de calidad en el Paraguay y el mundo no decayeron, según explicó Sandra Noguera, gerente general de la Cappro.
Siendo la agroindustria uno de los más importantes motores de la economía, Revista FOCO conversó con Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) quien compartió detalles en torno a la evolución de la industrialización de oleaginosas y cereales, la realidad del mercado y las mejoras a las que se debe apuntar para potenciar a la industria con valor agregado.
En este contexto, la gerente explicó que el complejo soja ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en el principal sector exportador y en la mayor fuente de ingreso de divisas del Paraguay. En el último quinquenio, los envíos al exterior de productos primarios e industrializados de origen agropecuario representaron cerca del 66% de las divisas ingresadas por el total de las exportaciones, visto de otro modo, 2 de cada 3 dólares que entraron a las arcas paraguayas por la venta de productos locales al mundo se relacionan con ambos sectores.
“De acuerdo con datos de comercio exterior del Banco Central, entre 2015 y 2019, las exportaciones totales sumaron USD 42.227 millones, de los USD 27.758 millones fueron generados por el campo y la agroindustria. Además, en los últimos 5 años, alrededor del 85% de las exportaciones paraguayas se relacionan con la venta de granos en estado natural, granos industrializados convertidos en cascarilla, harina y aceite y la venta de energía eléctrica de nuestras binacionales”, detalló.
Con relación a las inversiones, las empresas asociadas a CAPPRO han invertido más de USD 1.300 millones, incrementando sustancialmente la capacidad de industrialización de las oleaginosas en Paraguay. Actualmente, cuentan con una capacidad de procesamiento de 4,2 millones de toneladas al año, aunque este valor no es utilizado en su totalidad y, en promedio, se procesan alrededor de 3,5 millones de toneladas al año.
Cabe destacar que estos valores representan menos del 50% de la cantidad de soja, principal grano del país, por lo que todavía existe una importante posibilidad de crecimiento para la agroindustria que no se puede aprovechar por falta de una política industrial clara.
En materia de trabajo y seguridad social, genera empleo para más de 8.800 personas en forma directa e indirecta y es una de las principales aportantes al IPS.


Rendimientos. “Aunque parezca irónico, este 2020 tuvo una de las mejores cosechas de los últimos años, pero el primer semestre ha sido uno de los peores desde la fundación de la Cámara”, sostuvo. Y detalló que hablando en cifras, la molienda de soja cayó 7,0%; la molienda de otros granos bajó 45,3%; los ingresos por exportación de granos y productos industrializados fueron USD 50 millones más bajos y el volumen exportado decreció 1% en comparación con el primer semestre del 2019.
Las readecuaciones en las plantas industriales y silos para preservar la salud de todas las personas involucradas en la cadena influyeron en esta disminución, pero hubo otros dos factores que incidieron mayormente para que la agroindustria haya vivido un semestre muy negativo: El retraso en la cosecha y las bajantes más agudas de los ríos Paraná y Paraguay.
Uno de los principales factores incidentes fue la navegabilidad. “Paraguay es un país mediterráneo y la salida al exterior de sus exportaciones dependen de la navegabilidad, por eso entendemos que debe convertirse en un tema central de la agenda de gobierno en el futuro inmediato”, explicó. Esto debido a que casi el 90% de la cascarilla, harina y aceite sale al mundo por vía fluvial y la imposibilidad de navegar causó un perjuicio enorme que aún no es posible cuantificar porque los envíos todavía están en proceso.
Reglamentación de precios de transferencia. En el marco legal, recordó que aún está pendiente de la reglamentación de las normas de valoración previstas en la última reforma tributaria y es una gran preocupación para todos los actores de la cadena (desde la producción hasta la exportación).
“Nuestra Cámara, así como las entidades más importantes que conforman la cadena productiva, se han puesto a disposición de la Autoridad Tributaria para disponer de la reglamentación, previo al inicio de la nueva zafra, atendiendo a las características particulares del negocio de granos. Desafortunadamente no contamos aún con dicha normativa”, enfatizó.
La demora repercute en el sector debido a que a esta altura del año, la zafra 2020/21 ya está lanzada. Los procesos de financiación y comercialización de la producción 2021 ya están corriendo, por lo tanto, tienen alto riesgo de asumir compromisos que puedan ser afectados por disposiciones extemporáneas.
“Es por ello que hemos solicitado a la autoridad tributaria que la nueva reglamentación tenga aplicación a partir de la zafra 2021/2022, por el tiempo que podría llevar la socialización de una norma de este tipo y su fuerte impacto”, indicó.
Sandra explicó que la Ley N° 6380 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, incluyó dentro del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) todo un capítulo denominado “Normas especiales de valoración de operaciones” para regular los precios de transferencia, por operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, lo que podría derivar en ajustes en la determinación del impuesto.
En ese sentido, dijo que en el inciso 7 del Art. 38 de la mencionada ley, se incluyen a los bienes respecto de los cuales exista una cotización internacional pública a través de mercados transparentes mundiales o regionales, bolsas de comercio o similares, que es la manera en la que se comercializa en nuestro sector.
Atendiendo a que se trata de un segmento cuya operación es de alcance global y que tiene características particulares, Sandra señaló que se precisan reglas de negocios claras para capturar oportunidades, y traducirlas en desarrollo y beneficios para el país. Por esta razón, se necesita que la normativa respete las reglas del negocio y la oportunidad de implementación. “Si no fuera así, la actividad corre el riesgo de resultar inviable con el consiguiente perjuicio para la ya golpeada economía nacional”, añadió.
Mayor previsibilidad. “Necesitamos que el Gobierno defina si prefiere un Paraguay proveedor de materias primas o exportador de alimentos y energía de calidad, y que el mayor ingreso y trabajo adicional por el agregado de valor quede en el país. Con el modelo actual, el valor agregado de la soja paraguaya queda mayormente en terceros países. También es importante que se dejen de cambiar las reglas de juego para establecer previsibilidad y, lo que es fundamental, seguridad jurídica para las inversiones”, enfatizó
En cuanto a la realidad post Covid, indicó que para el sector, no hay demasiado cambio atado únicamente al fin de la pandemia, pues la agroindustria siguió produciendo desde el inicio de las medidas de aislamiento social y la demanda de alimentos y energía de calidad en el Paraguay y el mundo no decayó.
Sin embargo, recordó que la industria en general y la agroindustria en particular, requieren de fuertes inversiones, traducidas en instalaciones, máquinas y equipos, red logística y formación de capital humano. Decisiones que necesitan de un horizonte de largo plazo predecible.
“Ninguna agroindustria nacional o internacional va a invertir millones de dólares en un país que cambia constantemente las reglas de juego y no cuenta con una política industrial clara. La actual ley tributaria y la inseguridad jurídica ahuyentan cualquier proyecto de ampliación de la capacidad de procesamiento actual así como la instalación de nuevas agroindustrias”, afirmó.
Ante esta realidad, las expectativas del sector se circunscriben a crecer en la utilización de la capacidad de procesamiento ya existente, mantener las fuentes de trabajo, al tiempo que buscamos los mecanismos de trabajo conjunto con el Gobierno para construir una política de estado que apunte al desarrollo industrial y otorgue las garantías para trabajar con previsibilidad y seguridad.
“Las empresas asociadas a CAPPRO, al ser consideradas como un sector esencial, no dejaron de producir ni un solo día, aunque tuvieron que readecuar tanto sus horarios productivos como los procedimientos en las plantas El estricto protocolo implementado para mantener la salud de todos los funcionarios y funcionarias afectó la actividad con relación a los tiempos, pero no la demanda. Sin embargo, la pandemia no es la razón principal del año complicado que vive la agroindustria”, finalizó.