Muchos países en desarrollo se han visto menos afectados por la pandemia del COVID-19 que los países más desarrollados. Esto les da una pequeña oportunidad para preparar los sistemas públicos que se necesitan para responder eficazmente en términos de contención y mitigación, según indican desde el Banco Mundial.
La pandemia de rápida evolución exige medidas extraordinarias y un enfoque que abarca todo el Gobierno para proteger las vidas, la salud y los medios de subsistencia de las personas. Lo anterior requiere la coordinación del programa entre las partes interesadas, incluidos los ministerios de salud, las autoridades de aviación civil, los ministerios de información y las fuerzas policiales, así como los Gobiernos subnacionales.
Los países en desarrollo podrían aplicar varias soluciones rápidas ahora para asegurar que sus sistemas de PFM den mayor respaldo a los esfuerzos para responder al COVID-19, algunas de ellas son:
1.La respuesta en materia de financiamiento para el COVID debe ser rápida y clara. Es posible que sea necesario reasignar los recursos existentes, posiblemente mediante transferencias o presupuestos suplementarios. Se pueden obtener recursos adicionales a partir de fondos de contingencia o fondos nacionales para desastres (donde existan). En muchas jurisdicciones, las transferencias o reasignaciones se pueden realizar (sujeto a límites) utilizando procesos administrativos mínimos, lo que permite una acción inmediata, a diferencia del uso de presupuestos suplementarios.
El financiamiento de donantes, una fuente importante en algunos países, se puede optimizar cuando se envía mediante los sistemas nacionales. Los ministerios de Finanzas y de Salud deben trabajar juntos para garantizar que se identifique adecuadamente el financiamiento total y que este se base en estimaciones rápidas de costos. Muchos países usan aplicaciones de planificación de los recursos institucionales para organizar sus sistemas de información de gestión financiera, que se pueden adaptar para agregar códigos presupuestarios y contables adecuados en las estructuras existentes, permitiendo plasmar así las asignaciones y los gastos para responder al COVID-19.
2. Los controles deberán reorientarse, no reducirse. Es posible que sea necesario reorientar algunos controles relacionados con el COVID-19 para delegar la autoridad y acelerar la implementación. Con sistemas adecuados de PFM, esto se puede acomodar durante situaciones de emergencia. De no existir protocolos, los principios rectores de los controles deberán ser reorientados, sobre la base de una evaluación de riesgos. Dondequiera que se reduzcan los controles ex ante, estos deben ser reemplazados por expectativas claras, explícitas y creíbles de los controles ex post.
3. Una gestión eficiente del efectivo es crucial. En países donde ya funciona una cuenta única de tesorería (CUT), el Gobierno tiene un panorama general del efectivo disponible en cualquier momento y está en una mejor posición para administrar el dinero y garantizar la liquidez para las operaciones de respuesta ante el COVID-19. En los casos en que grandes sumas de efectivo del Gobierno se encuentren en cuentas bancarias comerciales, puede resultar adecuado que el Ministerio de Finanzas cobre, acumule y establezca procesos rápidamente para transferir los fondos a cuentas bancarias. Con respecto a los fondos de los donantes, a fin de separar este dinero y aumentar la confianza de los donantes de que no se mezclará con los fondos del Gobierno para gastos corrientes, se podrían crear cuentas bancarias separadas como cuentas vinculadas a la CUT.
4. Se necesita que las adquisiciones sean eficientes y responsables. La respuesta al COVID-19 podría asegurar un mayor uso de la adquisición de fuente única con proveedores conocidos y confiables para acelerar el proceso. En tales situaciones, sería prudente que el Ministerio de Finanzas o el organismo regulador de adquisiciones publique orientaciones adicionales sobre cómo gestionar este proceso, incluidas posibles órdenes de modificaciones. Podría resultar útil hacer un seguimiento a los mercados internacionales y nacionales para comparar precios y adoptar medidas oportunas.
Para mitigar los riesgos de fraude, es especialmente importante mantener registros de auditoría y la aceptación de bienes y servicios por parte de funcionarios responsables. En algunos casos, quizás sea necesario eliminar algunos requisitos estándar, como los valores y las garantías de licitación, aunque esto debe documentarse con la justificación adecuada. Siempre que sea posible, se podrán usar contratos marco preexistentes. La publicación de toda la información de las adquisiciones relacionada con el COVID-19 en los portales gubernamentales aumentará la transparencia y la confianza.
5. Se deberá optimizar la gestión de pagos. Es probable que la situación de emergencia limite la liquidez. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en el uso óptimo del efectivo en caja y las líneas de crédito. Se podrán revisar los procesos normales de pago, como la facturación, los recibos de bienes y servicios y los pagos, tanto en el ministerio de implementación competente como en el Ministerio de Finanzas, para explorar la mejor manera de utilizar el marco de tiempo permitido por los acreedores para realizar los pagos.
En otros casos, los contratistas o vendedores de bienes y servicios pueden requerir adelantos adicionales o más elevados, para lo cual deben establecerse límites. En la primera línea, las unidades de prestación de servicios pueden usar sistemas de dinero móvil para garantizar que se recuperen rápidamente las cantidades más pequeñas. Los pagos realizados fuera del Sistema Integrado de Información para la Gestión Financiera (SIIGF) deben registrarse ex post en dicho sistema con un desfase mínimo.
6. La auditoría interna podría compensar algunos controles ex ante. Las auditorías internas podrán usarse como un control compensatorio para establecer la “auditoría posterior concurrente” a fin de neutralizar los requisitos previos a la auditoría que se modifiquen. La función de auditoría interna podría reducir temporalmente su papel en los exámenes de los sistemas para centrarse en la realización de auditorías posteriores de las transacciones, con poco desfase.
7. Presentación de informes financieros para el control oportuno. Cuando se creen líneas presupuestarias por separado para responder a la COVID-19, estas deberán seguir el sistema de presentación de informes financieros estándar (IPSAS o normas nacionales). En el proceso de toma de decisiones, los Gobiernos pueden beneficiarse de informes provisionales más frecuentes sobre las líneas específicas.
8. Las contralorías tienen que prepararse. La auditoría de las transacciones de emergencia por parte de la Contraloría de un Gobierno asegura de manera más amplia la optimización de los recursos utilizados durante las operaciones de emergencia y ayuda a identificar acciones para fortalecer los sistemas en el futuro. Los auditores de la Contraloría deben decidir independientemente sobre la naturaleza, el alcance y el enfoque de la respuesta ante la COVID-19, y deben realizar su auditoría con un desfase mínimo después de que se restablezca la normalidad. Para poder realizarla, la Contraloría debe estar al tanto de las modificaciones realizadas a los sistemas de PFM e identificar posibles áreas de riesgo.
A medida que el mundo enfrenta los desafíos del COVID-19, los sistemas de gestión de las finanzas públicas de muchos países se verán sometidos a pruebas de tensión. Pero aprender de esta experiencia puede ayudar a prepararse para situaciones futuras.
El Material fue elaborado por Srinivas Gurazada, Jens Kromann Kristensen, Mirja Channa Sjoblom, Moritz Piatti y Khuram Farooq.